PUNTOS…Y PICAS

POR CARLOS MANUEL ESTRELLA

Irretroactividad de ley

El proyecto de ley de extinción de dominio persigue un propósito noble e improrrogable que la sociedad necesita como mecanismo para la restitución de bienes sustraídos del dominio público o que han sido adquiridos mediante actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos y corrupción política.

El debate legislativo evidencia divisiones por conveniencias particulares que dificultan la aprobación de un texto que tiene raíces externas y responde a presiones estadounidenses para la colaboración contra el crimen transnacional y que le interesa contar con el apoyo legal dominicano en ese aspecto.

Los temores individuales de aprobar una ley que pudiera convertirse en boomerang para ciertos políticos probablemente despejarse al saber que el propósito de este instrumento es perseguir exclusivamente bienes ilícitos, no personas, al margen del juicio penal, pero requiere ser perfeccionada y “aplatanada”.

Esta ley afectaría al derecho fundamental de la propiedad y por tanto tiene carácter orgánico, técnicamente requerirá de la mayoría agravada de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras para ser aprobado acorde al artículo constitucional 112 y eso obligará a buscar consenso político.

Los aspectos controvertidos que podrían ser escollos insalvables son plazo de prescripción de persecución legal versus imprescriptibilidad y el principio de irretroactividad de la ley, que tiene como excepción si favorece al subjúdice o al que cumple condena, según el artículo 110 de la Constitución.

La irretroactividad es el nudo del asunto porque se trata de un postulado constitucional y pese a contraponerle el término retrospectividad conviene que el texto que se acuerde no riña con la Carta Magna ni se apruebe con fallas conscientes para luego invocar su nulidad ante el Tribunal Constitucional. Ojo.