PUNTOS…Y PICAS

POR CARLOS MANUEL ESTRELLA

Compras y corrupción

En medio de la crisis por el coronavirus el gobierno realiza esfuerzos reiterados por lograr transparencia y credibilidad en la opinión pública sobre las compras multimillonarias de equipos e insumos para enfrentar la pandemia, pero persisten legítimas sospechas de corrupción e impunidad.

La adjudicación de más de mil 500 millones de pesos en compras a un solo oferente, transformado de empresa de construcción a suplidora de asuntos médicos, y la inusual destitución de siete funcionarios del INAIPI por irregularidades en procesos parecidos, son escandalosos e irrefutables casos.

Ante tales escándalos el presidente de la República decretó la creación de una comisión de veedores, que recuerda otra similar para el contrato de Punta Catalina, que parece tendrá igual rol, la que a la fecha ni siquiera ha ofrecido un informe de gestión, ni se conocen todos sus integrantes.

El ministro de la Presidencia ha pretendido calmar el avispero con el anuncio de “inicio del proceso de inhabilitación para que no puedan vendar al Estado” ocho empresas que incumplieron tiempos de entrega en situación de emergencia, pero tampoco las identificó, en un estímulo a la impunidad moral.

El asunto es más complejo porque es vox populi en mentideros políticos y de negocios particulares con bienes públicos que existe una solida mafia incrustada en el gobierno que apenas ahora es de trascendencia pública parcial y que por ocho años se ha repartido el pastel de las compras gubernamentales.

El fundamento legal de compras y contrataciones es amplio y claro en el régimen de prohibiciones para contratar con el Estado, tanto personas físicas como jurídicas, en la ley 340-06 (artículo 14), y la Constitución de la República proscribe la corrupción en el 146, así como el tráfico de influencias.