PUNTOS…Y PICAS
Opinión August 7, 2019 Ricardo Rosa
POR CARLOS MANUEL ESTRELLA
Descrédito de la autoridad
Es secreto a voces en sectores populares que representantes de Policía y Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes antinarcóticos cobran un “peaje” a negociantes de sustancias prohibidas y en los denominados puntos de drogas barriales para permitirles actividades ilícitas.
Lo ocurrido en una barbería de Villa Vásquez registrado en cámaras, que involucra a miembros de la DNCD y una fiscalizadora señalada como reincidente en abusos de poder y violaciones constitucionales, no es nuevo y salta a la opinión publicada por imágenes en la red reenviadas como “virus”.
Excesos de miembros del Ministerio Público, Policía y DNCD, que implantan sustancias prohibidas a personas para fabricarles acusaciones y expedientes que los llevan a prisión injusta ante impotencia ciudadana, siguen porque no hay consecuencias para sus responsables que gozan de impunidad.
En el declarado constitucionalmente “estado social y democrático de derecho”, lo primero que hay que reclamar es que las propias autoridades se sometan a la legalidad en sus actuaciones, honren la potestad de tener “fe pública” y no desdigan sus funciones para evitar caer en descrédito ciudadano.
Al determinarse responsabilidad por omisión o comisión en estos hechos, a más de la sanción moral y repudio público, el castigo debe ser severísimo por cuanto quienes han incurrido en ilícito son precisamente quienes deben practicar con el ejemplo, respetar su rol y preservar el sistema.
El caso es mucho más grave porque el protagonismo negativo se le atribuye a la representación del Ministerio Público, en teoría defensora de los derechos ciudadanos, y obligada a garantizar el respeto a la Constitución y el bien común de la sociedad, todo lo contrario a lo sucedido en Villa Vásquez.