PUNTOS…Y PICAS

POR CARLOS MANUEL ESTRELLA

Faltas graves y juicio

El juicio político, mecanismo constitucional con el propósito de destituir a funcionarios elegidos por el voto popular, por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, se ha convertido en comidilla del día en la opinión publicada, pública y “enredada” como fuente de variopintas controversias.

Al margen de aspectos políticos que acompañan esta figura originaria del derecho anglosajón desde el siglo XIV bajo el nombre de “impeachment”, en el ordenamiento jurídico dominicano acusa lagunas procesales a propósito de la discusión legislativa para enjuiciar los miembros de la Cámara de Cuentas (CC).

Para cumplir con la norma sustantiva solo basta aplicar el mandato de los artículos 83.1 y 80.1 de la Constitución, de manera combinada, sobre las atribuciones exclusivas y respectivas de la Cámara de Diputados y el Senado, que pueden resumirse en que una acusa y el otro juzga para destituir o no.

La única acusación es la “comisión de faltas graves en el desempeño de sus funciones”, sin embargo y en contradicción con la propia Carta Magna en cuanto al debido proceso, en ningún texto se define este potencial tipo delictivo por cuanto del juicio político podría derivarse un proceso penal ordinario.

A los cinco miembros de la CC, la comisión especial de diputados que investiga la situación les ha atribuido irregularidades que subjetivamente podrían ser o no calificadas como “faltas graves” y la no definición previa de ese concepto culposo es contraria al mandato constitucional del artículo 40.13.

De la situación presentada en este caso deberían extraerse enseñanzas que propicien la inclusión del proceso del juicio político, detallado, en reglamento o ley al respecto, para no tocar la Constitución, y esto es otro reto que acrecienta el enorme pasivo legislativo que acumula el Congreso Nacional.