SANTIAGO.- El Ministerio Público está a la espera este martes de que un juez fije en las próximas horas audiencia para conocer medidas de coerción contra dos ejecutivos y dos técnicos de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples La Económica (Coopegas) imputados de homicidio involuntario durante un incendio en la envasadora de GLP de la Peña Licey al Medio donde fallecieron 11 personas.
El expediente que sustenta la solicitud de coerción, que se conocerá en las próximas horas, establece que los imputados actuaron con negligencia en el torno a las medidas de seguridad que deben cumplir la planta dispensadora, lo que ocasionó la tragedia.
Como parte de la negligencia atribuida a los directivos, se destaca que fuera un justiciero, quien también figura entre los fallecidos, la persona que encendió los motores para habilitar el servicio de GLP al público el día de la tragedia.
Ayer, el magistrado Núñez, dijo que las investigaciones determinaron que donde ocurrió la tragedia todas las válvulas de la envasadora de GLP Coopegas fallaron y lamentó que el Ministerio de Industria y Comercio hasta el momento no entregará un informe donde explique si esas instalaciones fueron inspeccionadas previas a la tragedia.
” Algo que ha llamado la atención a la Fiscalía de Santiago y es que eso es una cooperativa. Resulta ser que El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) tendrá que darle al país el por qué una empresa lucrativa está disfrazada de cooperativa ”, dijo ayer el funcionario judicial.
Mientras que ayer, la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples La Económica (COOPEGAS) rechazó el arresto del que fueron objeto por la Fiscalía de Santiago el presidente del Consejo de Administración, el gerente general, el gerente de Operaciones de dicha entidad y el encargado de la estación de gas Coopegas Tamboril La Económica.
A través de un comunicado dijeron que consideran improcedentes las medidas emanadas del juez de atención permanente, alegando la empresa que la estación accidentada contaba con todos los permisos de operación y requisitos de seguridad de las autoridades nacionales y locales, sometiéndose a los parámetros y controles necesarios para su correcto funcionamiento.