Entes irresponsables
La delincuencia, aliada a la inseguridad pública, son sin dudas dos de los principales males que afectan la sociedad ante los cuales la ciudadanía solo tiene como armas prevención individual y esperanza de acciones condignas por parte de las autoridades correspondientes.
Formar comisiones y elaborar diagnósticos es perder el tiempo en busca de impacto mediático de placebo, pues como dice el refranero popular el horno no está para galletitas y urge que las áreas involucradas en combate, procesamiento y sanción cumplan sus responsabilidades.
Los casos escandalosos ocurren día a día, está agotada la capacidad de asombro, la prensa presenta estos hechos como “normales”, no hay régimen de consecuencia, la impunidad es manto protector de ilícitos y la autoridad parece vencida, está involucrada en el crimen o su inacción es complicidad.
La situación es tal que la primera autoridad nacional admite sin sonrojos que, por ejemplo, el narcotráfico ha penetrado organismos que lo deben combatir como instancias policiales-militares y de seguridad del Estado porque los delincuentes son gente “de cuello blanco” y culpa a los deportados.
Si ese es el criterio del presidente de la República, qué se espera de la autoridad como políticas públicas para enfrentar estos males, si todavía es peor cuando el mismo mandatario afirma que hay que ganar la batalla a la delincuencia para llevar seguridad a calles y hogares, pero no hace nada.
¿Qué le queda al ciudadano?, ¿dónde y a quién recurrir?, ¿necesita un nuevo “Chupulín Colorado”?, o en la expresión presidencial “debemos estar decididos a ganar esa batalla cueste lo que cueste”, ¿está implícito el anuncio y voluntad política de devolver la seguridad a vías públicas y a familias?