Buscan acciones legales robos supermercados

Un supermercado en Nueva York

NUEVA YORK (Diario La Prensa).- Cinco mil dueños de supermercados independientes y otros comerciantes minoristas, como los bodegueros de la ciudad de  Nueva York,  conformaron una alianza para empujar tres legislaciones estatales que abrirían rendijas contra la ola ascendente ola de robos.

Esta tendencia ha empeorado en 2023, con saldo de millones en pérdidas, pero también insultos y ataques violentos a su fuerza laboral.

Estos comerciantes coinciden en que tienen como “telón de fondo” y “cortina de hierro” la  reforma de Ley de Fianzas de 2019  a la cual atribuyen “sin dudas” y con estadísticas en la mano, el alza de los hurtos y asaltos: 45 % crecieron las denuncias formales el último año, aunque aseguran que en la mayoría de las incidencias, ni siquiera se molestan en llamar a la policía.

Portavoces de la nueva alianza  Acción Colectiva para Proteger Nuestras Tiendas (CAPS)  se unieron a asambleístas estatales, en la sede del capitolio en Albany, para exigir que en el sistema penal de Nueva York, se convierta en un delito grave clase “D” atacar o insultar a los trabajadores de tiendas minoristas.

El anteproyecto de ley, presentado por la senadora estatal de Staten Island, Jessica Scarcella-Spanton y el asambleísta Manny De Los Santos de Inwood, colocaría a los trabajadores minoristas en la misma “categoría protegida” que los policías, bomberos, paramédicos y otros trabajadores de primera línea.

Todos los trabajadores de la  Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) , incluidos los limpiadores y los asistentes de cabina, se agregaron el año pasado a esta categoría.

“Nuestros trabajadores sufren de un gran estrés. Más que ir a un sitio a ganarse la vida, viven al borde de ataques, insultos y el riesgo de ser acuchillados o baleados. Necesitamos protecciones“, advirtieron potavoces de CAPS.

Esta misma propuesta, también permitiría a los jueces fijar una fianza para los perpetradores de hechos violentos o insultos en estas tiendas, lo cual es interpretado como un “atajo” para proteger a esta fuerza laboral. Actualmente la agresión en segundo grado se encuentra entre los delitos que no cubre la controvertida ley de reforma de fianzas.

Sin embargo, Scarcella-Spanton aclara que el proyecto de ley no está destinado a servir como un “retroceso” de la reforma de la fianza.