PUNTOS…Y PICAS

POR CARLOS MANUEL ESTRELLA

Cuenta regresiva 16-2

La Junta Central Electoral (JCE) está sometida a una prueba de fuego a la que se encamina contra reloj y con múltiples desafíos por vencer de cara al día cero, tercer domingo de febrero de 2020, cuando deberán celebrarse elecciones municipales para escoger casi cuatro mil cargos edilicios.

Este proceso tiene novedades dignas de análisis en sus distintas aristas, como por ejemplo la parte administrativa puramente que corresponde a la JCE y las juntas municipales, y el impacto político de sus resultados en proyección de lo que podría ocurrir en las presidenciales y congresuales de mayo.

La JCE debe comprender y hacer entender a actores políticos y sociedad en general que es un órgano constitucional con mandato expreso para organizar, dirigir y montar las asambleas electorales y no tiene atribuciones jurisdiccionales ni poder deliberativo para resolver conflictos.

Su función debe limitarse a cumplir y hacer cumplir la ley, respetar derechos fundamentales de actores políticos y también honrar plazos fatales para que, como ahora, no haya temor ni presión que ponga en peligro las votaciones del 16 de febrero, a no ser que se pretenda vulnerarlas.

En lo político puramente, la primera real encuesta de cómo están las preferencias partidistas después del fraccionamiento del PLD serán esos resultados que deberán reflejar una nueva composición del poder municipal y que podrían, además, ser premonitores del ganador de las presidenciales.

La JCE tiene además, como reto, restablecer su propia credibilidad, rodear de transparencia sus procesos e imponer su autoridad administrativa de forma tal que sea árbitro imparcial, confiable y certero en las proyectadas votaciones para elegir presidente de la República en mayo 17.