Evo Morales siempre descansó sobre dos pilares fundamentales: su popularidad y los resortes judiciales que tantos favores le regaló.
Fue el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que determinó que el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) podía presentarse a una nueva reelección pese a que la Constitución de Bolivia y un referéndum se lo impiden.
Sin embargo, el primero de sus apoyos parece estar en un proceso de revisión, aunque sin la fuerza suficiente como para que tema su nueva coronación en el Palacio Quemado. Las protestas por este desprecio a las instituciones le valen un malestar general reflejado en la desaprobación que cosecha su administración en gran parte del país.
De acuerdo a una encuesta elaborada por IPSOS -aunque mantiene imperturbable su posibilidad de ser reelegido- luces de alarma deberían encenderse en La Paz.
La aprobación a su gestión en los puntos más poblados del país muestran una desazón creciente. Únicamente en la capital y en Cobija su beneplácito supera la desaprobación.
En el resto de los centros urbanos la ecuación es inversa. En Sucre y en Tarija la intransigencia con el régimen trepa por encima del 70 por ciento.
Pero Evo va por todo. El presidente presiona y amenaza con la cárcel o el exilio a aquellos legisladores que alcen la voz ante organismos internacionales o pidan ayuda a otros países sin ser escuchados.
Una de esas víctimas, fue la senadora Carmen Eva Gonzales quien prometió hacer llegar a las autoridades del Grupo de Lima su temor -y el de muchos- de que Bolivia se convierta en una dictadura.