Muestran lista alcaldes oposición sancionados

CARACAS.- De los 76 alcaldes opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), elegidos en el año 2013, 19 han sido sancionados, destituidos, detenidos o tienen orden de captura de parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mientras que dos alcaldes designados han sido destituidos por consejos municipales de mayoría oficialista; acciones que son consideradas por organizaciones no gubernamentales como persecución política de parte del Estado venezolano.

Cuando se realizaron las protestas en rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro en el año 2014, se evidenciaron los dos primeros casos de sanciones contra alcaldes opositores, que terminaron en la detención de Enzo Scarano del municipio San Diego, estado Carabobo y Daniel Ceballos del municipio San Cristóbal, estado Táchira.

En ambos casos un grupo de ciudadanos interpuso ante la Sala Constitucional (SC) del TSJ una demanda que fue aceptada y en la que se ordenó a los alcaldes impedir que se obstaculizaran las vías y que se realizaran protestas en sus municipios girando instrucciones a la policía municipal. Sin embargo, las manifestaciones continuaron y la sala declaró que Scarano y Ceballos habían incurrido en desacato.

El TSJ ordenó la detención de Scarano y Ceballos por 10 y 12 meses de prisión, respectivamente, destituyendo de su cargo al primero y suspendiendo al segundo. Sin embargo, organizaciones como Acceso a la Justicia han denunciado que esta decisión es ilegal pues la Sala Constitucional usurpó las funciones del Ministerio público y los tribunales penales.

Este accionar de parte de la sala se ha repetido en los últimos meses contra otros alcaldes opositores luego de las protestas antigubernamentales desde abril a julio de este año, resultando con medidas cautelares y posteriormente con órdenes de captura y prisión por 15 meses cuatro alcaldes:  Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja), Carlos García (Mérida), Ramón Muchacho (Chacao) y David Smolansky (El Hatillo).

Alí Daniels, gerente general de Acceso a la Justicia, declaró a El Universal que hasta el 2014 la SC remitía al Ministerio Público (MP) la investigación en caso de que alguien desacatara un amparo, garantizando que la sala no se convirtiera en acusador y juez al mismo tiempo, pues la fiscalía sería la encargada de acusar ante un tribunal penal que a su vez dictaría una sentencia de carácter penal, como lo es la privación de libertad.

La sentencia N° 245 de la Sala Constitucional, en el caso de Scarano, señala que “no toda norma que contenga sanciones restrictivas de la libertad es necesariamente una norma penal”…”aun cuando esas normas contemplan arresto, no quiere decir que por esa razón los anteriores sean tipos penales y, por tanto, deba intervenir todo el sistema penal”, según establece la exposición de motivos.

La SC tiene competencia como cualquier otro tribunal para conocer amparos constitucionales pero no para imponer sanciones penales, pues es una competencia exclusiva de los tribunales penales, pero desde 2014 eso cambió para poder detener a alcaldes opositores, según manifestó  Daniels, quien además subrayó que con estas decisiones usurpó funciones del MP y los tribunales penales.

La Sala Constitucional del TSJ es la máxima intérprete de la Constitución y desde el 2014 ha dictado al menos 23 sentencias contra alcaldes opositores y en el marco de las protestas de los últimos meses, se ha declarado competente para acordar amparos cautelares.

En ese sentido ha dictando medidas cautelares a José Fernández (Los Salias), José Luis Rodríguez (Carrizal), Juan José Peña (Alberto Adriani), Carlos Ocariz (Sucre), José Antonio Barreras (Palavecino), Omar Lares (Campo Elías), Gerardo Blyde (Baruta) y José Luis Machín (Barinas). A todos se les ordenó impedir obstáculos en las vías y protestas en sus municipios.

Por otra parte, la Sala también ordenó la destitución en el 2015 de Lumay Barreto, Municipio Páez, Estado Apure, por incurrir en supuesta ausencia absoluta, calificada por el Consejo Municipal que luego designó al presidente de esta instancia, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La destitución y remoción de alcaldes de su cargo de parte de la SC, constituye una usurpación de funciones de los Consejos Municipales, pues la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece en su artículo 87 que los concejales son los encargados de declarar si existe una falta absoluta del alcalde, según explicó Alí Daniels de Acceso a la Justicia.