Policías municipales vigilan vertedero

SANTIAGO.- El alcalde Abel Martínez  decidió esta mañana que policías municipales se encarguen temporalmente de la vigilancia del vertedero de Rafey, quienes impiden que ingresen al lugar los recicladores de basura, medida que es rechazada por ellos.

Con la medida, el administrador del municipio busca preservar dicha área, que en los últimos días ha sido incendiada en tres ocasiones por los denominados “buzos”, acusación que niegan los imputados.

Martínez aseguró que esas deflagraciones, las que calificó como “actos de terrorismo”, han generado pérdidas económicas ascendentes a más de 20 millones de pesos, pero que los daños son aún mayores en materia de salud de la población.

Y pidió la militarización del vertedero, la intervención inmediata de los ministerios de Medio Ambiente y el de Salud Pública, y que se continúen las acciones iniciadas con la Policía Nacional, para resolver el problema.

El alcalde aprovechó para anunciar “el desmonte del negocio y las acciones mafiosas de un grupo que pretenden que Santiago no se encamine hacia la verdadera época de modernidad en cuanto al manejo de los desechos sólidos”, expresó el alcalde Abel Martínez”.

Martínez aseguró que en el vertedero de Rafey opera una mafia con el negocio de la basura “que es controlada por cuatro o cinco familias que históricamente se han beneficiado de ese gran negocio y en perjuicio del municipio de Santiago”.

Llamó a las autoridades del Ministerio Publico a perseguir a unos tales Sandy, Marcia y David “quienes son quienes controlan y le pagan miseria a los denominados buzos y que manejan el negocio para su beneficio y en contra de los santiagueros”.

Sin embargo, los “buzos” esta mañana negaron la versión del alcalde Martínez, en el instante en que se presentaron al vertedero para reciclar los desperdicios, pero que fueron impedidos de ingresar al lugar por los policías municipales.

Martínez dijo que el 90 por ciento de los denominados buzos que operan en el vertedero son haitianos  ilegales, por lo que hizo un llamado a la Dirección General de Migración a que juegue su rol en ese sentido, al tiempo de denunciar que el otro porcentaje, opera como una mafia, repartida en varias familias.