Corte Suprema acepta se acabe parole humanitario

Miembros de la Corte Suprema

WASHINGTON.- El futuro de más de 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos quedó en entredicho tras la decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración de Donald Trump revocara el programa de “parole” humanitario que les otorgaba residencia y permiso de trabajo temporal.

La decisión de la Corte Suprema, emitida este 30 de mayo, no incluyó una argumentación escrita y fue adoptada en respuesta a una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump. Dos juezas liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo.

Jackson afirmó en su opinión disidente que el tribunal “claramente arruinó” su evaluación sobre qué parte sufriría más daño si se permitía la revocación del estatus legal mientras se resuelve el caso.

Según USA Today, Jackson sostuvo que la mayoría “subestimó las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de manera precipitada las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos, mientras sus reclamos legales están pendientes”.

Según reportó Reuters, la medida deja a cientos de millas de personas expuestas a una posible deportación acelerada, mientras continúan los litigios en tribunales inferiores sobre la legalidad de la revocación masiva de este estatus.

El programa de “parole” humanitario, implementado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, ofrece a migrantes de los cuatro países la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años, siempre que contaran con un patrocinador financiero y superarán controles de seguridad.

De acuerdo con The New York Times, “el programa permitió que más de 530.000 personas de esas nacionalidades ingresaran al país con autorización para residir y trabajar temporalmente”.

La administración de Biden defendió la iniciativa como una vía para desalentar los cruces fronterizos irregulares y ofrecer una alternativa segura y ordenada a quienes huían de crisis económicas, políticas y humanitarias.

El programa de “libertad condicional” se remonta a la década de 1950, cuando la ley federal de inmigración permitió a las administraciones conceder permisos temporales de entrada por razones humanitarias o de interés público significativo.

CNN recordó que “la administración de Eisenhower, por ejemplo, otorgó libertad condicional a decenas de millas de personas que huían de Hungría tras la represión soviética”. En el caso reciente, la administración de Biden recurrió a este mecanismo para responder al aumento de migrantes de países con graves crisis internas, permitiendo su ingreso legal y acceso a empleo.