Aseguran que aceptarán la investigación caso Calamar

SANTO DOMINGO.- El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, el grupo de abogados contratados por el Gobierno para recuperar el dinero sustraído al Estado en casos de corrupción, señalando que, como ha ocurrido en otras ocasiones, respetarán la investigación que haga el Ministerio Público en el caso Calamar.

Esto, a raíz de las dudas generadas por el hecho de que los abogados se querellaron contra personas que actualmente son presentados como testigos en la solicitud de coerción contra los 20 detenidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) durante la Operación Calamar.

Jorge Luis Polanco

Jorge Luis Polanco, que coordina el equipo, explicó a  Diario Libre  que su querella se hizo en base a las informaciones que estaban disponibles en su momento, pero que la investigación la hace el Ministerio Público.

“Uno plantea las cosas conforme a los datos que se tiene, pero quien puede profundizar y encontrar las verdaderas pruebas, al final, es el investigador, que no ha dicho quiénes son y quiénes no (los acusados), solo ha pedido medidas de coerción para algunos en esta etapa”, agregó.

En la querella que apareció en abril del año pasado ante la Pepca, el Equipo de Recuperación pide accionar contra varios de los detenidos en la Operación Calamar, entre ellos los exministros Donald Guerrero, de Hacienda; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Se querellan además contra los empresarios Ramón Emilio Jiménez Collie y Fernando Crisóstomo, quienes figuran como testigos de la Pepca en la solicitud de coerción.

Polanco reitera que se debe esperar el acto conclusivo que utilizar la Pepca para conocer quiénes serán los acusados ​​por el entramado que dicen se orquestó desde el Ministerio de Hacienda para desfalcar al Estado dominicano, y por el que solicitaron, entonces, compensación de 26,000 millones de pesos por daños y perjuicios.

Para justificar ese monto, los abogados alegaron que el Estado recibió daños materiales por 13.440,4 millones de pesos, y demandan una cifra similar por reparación del lucro cesante, daño emergente y perjuicio moral.

Pero, Polanco añade que ellos respetarán el trabajo que hagan los investigadores y podrían modificar su pedimento en función de lo que resulte al final del proceso. “La querella de nosotros hace reservas de poder ampliar e incluir nuevas personas, porque se está en fase de investigación. Hay que ir viendo a quiénes va vinculando el Ministerio Público”, dice.