Juez conocerá archivo definitivo caso Odebreht

SANTO DOMINGO.- La juez del Primer Juz­gado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apo­derada de una oposición al archivo definitivo a favor de ocho de los implicados en el escándalo de corrup­ción por los US$92 millo­nes en sobornos que admi­tió la empresa Odebrecht haber pagado en el país.

La magistrada Keila Pé­rez Santana fue apode­rada del caso por el juez coordinador de los juz­gados de la Instrucción del Distrito Nacional, Jo­sé Alejandro Vargas, lue­go de ser apoderado de una instancia por la abo­gada Evelyn Torres, repre­sentante de la Fundación Alianza Ciudadana.

Ahora la magistrada Pé­rez Santana deberá decidir si revoca o no el archivo con las firmas del expro­curador Jean Alain Ro­dríguez y de Narciso José Escaño Martínez, procu­rador general de corte de apelación, que fungió co­mo titular interino de la Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (Pepca).

En la instancia Alianza Ciudadana pide al tribunal acoger en cuanto al fondo la objeción y en tal senti­do revocar dichos archi­vos ordenando a la Pepca, continuar y ampliar las in­vestigaciones indicadas en torno a los encartados, de­bido a las irregularidades de la que adolecen dichos archivos, tomando en cuen­ta la afectación social de los delitos atribuidos.

En la instancia de la ob­jeción, de la cual el Listín Diario posee copia, se sos­tiene que en caso de existir oposición por parte del mi­nisterio público actuante y responsable de las indaga­torias de lugar y partiendo del hecho de que los efec­tos propios del archivo no han sido declarados por la vía jurisdiccional pertinen­te, tener a bien intimar al ente acusador presentar ac­to conclusivo en contra de los 8 imputados favorecidos con la decisión impugnada.

Los autos, otorgados en septiembre de 2019 a favor de Temístocles Montás, Al­fredo Pacheco, César Sán­chez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máxi­mo D’ Oleo, Ruddy Gon­zález y Radhamés Segura, cuentan con las firmas del exprocurador Rodríguez y de Escaño Martínez.

En torno al caso, el de­partamento de Inspectoría del ministerio público inte­rrogó al procurador de la corte Escaño Martínez, lue­go de que fuera apoderado por el Pepca, para que rea­lizara una investigación por tratarse de un caso discipli­nario.