El singular drama lo viven los ascendientes de doña María Luz de León viuda Díaz debido a que, de acuerdo a lo explicado por ellos, un abogado contratado por Coraasan, usó subterfugios legales para que un tercero se apropiara de los predios, que tienen una extensión de 548 mil, 428 metros cuadrados, localizados en el distrito catastral número 6, de la comunidad Jacagua, de este municipio.
Geovanny Tejada, quien encabeza la defensa técnica de una parte de los herederos afectados, entre quienes están Víctor Méndez, exsenador y síndico de aquí y Pastora Méndez, es de opinión de que ese caso demuestra que en la justicia de esta jurisdicción hay un altísimo grado de corrupción, que no es como la de antes y que ahora el que tiene dinero y lo sabe mover en esa instancia no tiene problemas.
Relata que María Luz heredó los predios de su fallecido esposo Fernando (Nando) Díaz, los que originalmente eran propiedad de los padres de él y se lo dejaron como herencia.
En el 2007 falleció, dejando una deuda de 36 pesos y, con el objetivo de que por lo menos llegara a un acuerdo de pago, cuatro años después de su muerte llegó casi a los 36 mil pesos, Coraasan contrató al abogado Edward Veras Vargas.
El jurista Tejada coincide en ese aspecto con el exfuncionario y recuerda que la existe una ley establece que ninguna institución del Estado puede participar en un procedimiento de embargo si no tiene una autorización del Poder Ejecutivo.
“El juez que conoció el caso tenía que pedirle a los abogados, en virtud de sus calidades, la autorización del Poder Ejecutivo para pretender ese embargo, pero no se hizo, lo que resulta sospechoso y a lo que se agrega que, aunque el expediente consta de miles de páginas, un juez interino solo tuvo un fin de semana para estudiarlo y el lunes siguiente emitió la sentencia”, dice Tejada, quien dice que ese magistrado actuó con ingenuidad o como cómplice.
Relatan los herederos que, al enterarse del deceso de la dama, comenzó la trama de la expropiación no de la casa donde tenía la deuda, sino de los terrenos ubicados a varios kilómetros del lugar.
Sus abogados descubrieron que, en una “pública subasta”, el nombrado Moisés Daniel Céspedes Sosa había “comprado” el inmueble que en ese entonces (hace nueve años) valía 439 millones de pesos y se lo adjudicaron por un millón y medio.
Algo de singular importancia es que Hamlet Otáñez, a la sazón director de Coraasan, asegura que de esos 100 millones y medio de pesos que logró el abogado Veras Vargas a la institución acuífera no entró un solo centavos. Tejada deduce, entonces, que el grupo hasta ahora se ha quedado con los terrenos y ese dinero.
“Fue un procedimiento viciado y totalmente reñido con la ley, porque lo normal es que se actúe contra el inmueble donde se realizó la deuda si cuesta más que la deuda y no en otra propiedad”, razonó el exfuncionario.
Mientras que el abogado Veras Vargas justifica el proceso de pública subasta que ejecutó en abril del 2011, legando que “todos los actos del procedimiento fueron agotados en estricto apego a la norma, como sistemática y consistentemente lo he hecho durante 23 años de ejercicio profesional”.
Geovanny Tejada asegura que lo ocurrido en ese caso se está convirtiendo en acciones normales en el aparato judicial santiaguero, procesos ilegales que motoriza la oficina de un conocido abogado local, quien subcontrata colegas, alguaciles, jueces y hasta agentes de la Policía Nacional.
Ante esa institución judicial de poco ha valido una comunicación del Consejo de Directores de Coraasan, enviada a dicho tribunal el 14 de septiembre del 2011, en la que solicita que “todas y cada una de las actuaciones y actos del procedimiento realizadas por Veras Vargas en contra de María Luz de León viuda Díaz sean anuladas, con todas sus consecuencias de derecho”.
Para lograr la sentencia judicial, Tejada dice que los abogados alegaron domicilio desconocido de la dama (quien tenía cuatro años de fallecida) por lo que hicieron las notificaciones en las oficinas locales de Correos, en el edificio de oficinas gubernamentales “presidente Antonio Guzmán” (El Huacalito), en la Junta Electoral de Santiago, la Policía Nacional y el Ayuntamiento local.
Tejada precisa que posiblemente esta semana deposite una demanda en la Fiscalía de esta ciudad, por falsedad en documento público, porque en el expediente supuestamente aparece falsificada la firma de un notario, que el grupo de beneficiados con la expropiación dice avaló la acción relacionada con los terrenos.