Abinader declara bienes por 70 millones de dólares

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader presentó este martes su declaración jurada de bienes y autorizó que durante su ejercicio gubernamental todo su patrimonio sea transferido y controlado por un fideicomiso.

(El fideicomiso es la disposición por la cual un testador (Abinader) deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que, en un caso y tiempo determinado, la transmita a otra o la invierta del modo que se le indica).

El Mandatario declaró bienes estimados en unos 70 millones de dólares (más de 4 mil millones de pesos) los cuales incluyen la sucesión de los bienes de su padre José Rafael Abinader, fallecido el año pasado, de acuerdo a una información obtenida por el periódico El Día.

Hizo la declaración este lunes de manera electrónica y pasado el mediodía la envió a la Contraloría General de la República con su abogado Leonel Melo, para cumplir con la disposición legal.

La familia Abinader es propietaria de una cementera, empresas turísticas, una universidad, centros de enseñanza preuniversitario y especializadas, entre otros tipos de negocios.

Se informó que la declaración de bienes fue entregada a la Cámara de Cuentas, el cual tiene la responsabilidad de ponerla a disposición del público cuando la procese.

El presidente Luis Abinader autorizó que durante su ejercicio gubernamental todo su patrimonio sea transferido y controlado por un Fideicomiso.

La existencia de este Fideicomiso representa la separación del mandatario de toda responsabilidad gerencial en las empresas personales y de su familia.

De acuerdo a una nota de prensa de la Presidencia, la declaración de bienes del mandatario corresponde a sus posesiones personales, comunidad de bienes conyugal y la de su familia.

“La información patrimonial presentada por el presidente de la República pasa a ser de dominio público y puede ser consultada y analizada por los medios de comunicación y cualquier ciudadano”, resalta la Presidencia de la República.

Al presentar su declaración, el jefe del Estado cumple con lo establecido en la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio la cual dispone que todos los funcionarios que manejen fondos públicos deben transparentar su realidad patrimonial con el objetivo de promover la gestión ética.