PUNTOS…Y PICAS

POR CARLOS MANUEL ESTRELLA

Principio de legalidad

El principio de legalidad tiene rango constitucional como parámetro de actuación para depositarios de autoridad y delegados de la soberanía popular que ejercen la función pública y es el presidente de la República el principal obligado, mediante juramento solemne, para cumplirlo y hacerlo cumplir.

Toda actuación y/o decisión de funcionarios elegidos o designados debe tener “sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado” (art. 138 CD) y de manera particular el primer mandatario juró el 16 de agosto “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República” (art. 127 CD).

Están obligados a la legalidad y de no hacerlo sus actuaciones, sean leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y cualquier otro acto administrativo, serán viciadas de nulidad por violar el mandato constitucional, lo que resulta paradójico ante preocupantes señales de las nuevas autoridades.

Modificar la ley de Inapa para forzar la designación de un director es un mal indicio del Gobierno.

La acomodación de la ley a intereses particulares y coyunturales es contraria a la democracia, buenas prácticas, transparencia y honestidad porque perjudica el beneficio colectivo como fue la reforma constitucional de 2015 para favorecer al presidente de turno, por citar un ejemplo de alto nivel.

El escarceo y alarma del mundo jurídico por la modificación a la ley orgánica que crea el Inapa, para forzar la designación del director ejecutivo sin los requisitos legales, es mal indicio del nuevo gobierno, que ha defendido el nombramiento, y repite malas prácticas peledeístas que deben superarse.

Si el presidente Luis Abinader reiteró su compromiso con el estado de derecho debe impedir que sus decretos sean atacados por visos de legalidad e ilegitimidad y que su partido, como fuerza política dominante en Congreso Nacional, imponga cambios legislativos acomodados a intereses particulares.

Por: Carlos Manuel Estrella
cmestrella_@hotmail.com