Juez anula cargos dominicano por narcotráfico

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK.- El juez James Lang de la Corte Superior de la ciudad de Beverly en Massachusetts, anuló los cargos de narcotráfico contra el dominicano Kevin Sánchez y su cómplice Anthony Augusta, por allanamiento ilegal en 2017 al apartamento donde estaban ambos sospechosos amarrados y se confiscó una gran cantidad de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y efigies de santos católicos que usaban para resguardarse.

El magistrado, rechazó en un edicto que los policías que allanaron la vivienda, permanecieran más de tres horas allí, mientras otros oficiales hacían el reporte en el cuartel. El apartamento está situado en un edificio de la calle Cabot, donde los policías usaron  un ariete para derrumbar la puerta de una vivienda equivocada.

Los fiscales tendrían que retirar los cargos de tráfico de cocaína y armas de fuego contra los dos hombres que estaban atados al apartamento donde casi media libra de cocaína, dos pistolas sin licencia con números de serie limados, y una cantidad de heroína fueron encontradas en octubre 2017.

El juez Lang suprimió las pruebas en el apartamento, así como las declaraciones hechas por uno de los sospechosos mientras esperaba con la policía allí.

Bajo la ley, los oficiales de policía que quieren asegurar una escena o vivienda mientras obtienen una orden de registro no pueden entrar, a menos que tengan una creencia legítima de que las pruebas podrían ser eliminadas o destruidas. Pero en el caso contra Sánchez y Augusta,  y el magistrado  concluyó que los detectives no cumplieron ni respetaron esa regla.

“En las circunstancias presentadas, los oficiales podrían haber estado apostados en el exterior, y debieron haberlo hecho”, escribió Lang en un fallo de 21 páginas. “Podrían simplemente haber cerrado la puerta del apartamento y enviado a un oficial fuera de ella, salvo la entrada de Sánchez y cualquier otra persona hasta que la orden se hubiera obtenido y estuviera siendo ejecutada”, añade la decisión del juez.

Pero esa orden, también, se obtuvo en gran parte debido a la información que los detectives obtuvieron sólo después de estar dentro, dijo Lang. Augusta, de 26 años, y Sánchez, de 25, se alojaban en un apartamento en el 64 de la calle Cabot en el otoño de 2017.

El 17 de octubre de ese año, un detective de la policía de Marblehead pasó información a sus homólogos en Beverly de que Sánchez era sospechoso de vender drogas en Marblehead.

Lang señaló en su resolución que la base de esa información no se facilitó en la solicitud de la orden de registro.

El detective Tom Nolan le dijo al supervisor de la unidad de drogas, el sargento Michael Cassola, sobre la información, y los dos comenzaron a llevar a cabo la vigilancia del apartamento.

La mañana del 20 de octubre, Nolan y Cassola vieron a un hombre que identificaron erróneamente como Sánchez subirse a un automóvil, conducirlo al otro lado de la calle en una entrada, entrar en la casa de apartamentos en el 64 de la calle Cabot y regresar al carro unos cinco minutos más tarde.

Decidieron detener el vehículo, pero después de aparecer para detenerse, el conductor aceleró, lo que llevó a una persecución. El chofer, que era Augusta, abandonó el Honda y arrojó una bolsa en unos setos cercanos mientras huía. Esa bolsa contenía numerosas bolsitas de heroína y cocaína empaquetadas para la venta. La policía rápidamente alcanzó a Augusta y lo arrestó.

Mientras Augusta estaba siendo procesado, los oficiales Cassola y Nolan decidieron obtener una orden de allanamiento para el apartamento.

Cuando Nolan comenzó a escribir la solicitud, Cassola fue, junto con el detective de la policía de Ipswich Edward Gallivan, de vuelta a la calle Cabot para asegurar el apartamento.

Gallivan, que no había estado involucrado en ninguna de las investigaciones anteriores, no sabía nada sobre la pesquisa anti drogas en esa dirección, dijo Lang. El juez agrega que Cassola vio a un hombre fumando en un rellano fuera de la casa y le preguntó por el  apartamento 2R.

El hombre señaló una puerta. Cassola preguntó si había alguien en la casa, y el hombre le dijo que acababa de verlo hace un rato, escribió Lang, citando el testimonio del detective  Cassola en la audiencia.

Los detectives llamaron a la puerta del apartamento y anunciaron que eran oficiales de policía. No hubo respuesta ni sonidos desde el interior para sugerir que alguien estaba dentro. Cassola decidió usar un ariete para derribar la puerta.

Pero una vez dentro del apartamento, vieron los buzones de correo y se dieron cuenta de que estaban en la dirección equivocada, el 66 de la calle Cabot.

Cuando los detectives se fueron, Cassola vio a Sánchez saliendo rápidamente de su apartamento de al lado, dejando la puerta abierta. Sánchez dijo que acababa de oír un fuerte golpe.

Cassola entonces se identificó a sí mismo y a Gallivan y le dijo a Sánchez que estaban esperando una orden. Luego dijeron que tenían la intención de esperar dentro del apartamento, y le dijeron a Sánchez que podía irse, o, si optaba por quedarse, tendría que permanecer en un sofá y entregar su teléfono.

Mientras estaba en el apartamento, Cassola notó lo que se conoce como un “Altar de la Santa Muerte”, un rito que a menudo usan los traficantes de drogas que lo perciben para traer buena suerte y evitar problemas.

Le explicó  ese detalle a Nolan, quien lo incluyó en la declaración jurada de la orden de registro.

Incluso con ese detalle, el juez Lang, que es un ex fiscal federal, dijo que la declaración jurada proporciona escasa base para sospechar que se encontrarían las  drogas en el apartamento que buscaban los policías.

Los abogados de los dos hombres, Meredith Reeves y Christopher Belezos, también habían instado al juez a suprimir las declaraciones hechas por Sánchez a los oficiales mientras esperaban en el apartamento, declaraciones en las que se incluyó la vivienda. Lang también concedió esa petición.

“En resumen, el tribunal concluye que la ilegalidad del comportamiento policial era lo suficientemente grave y que la conexión entre esa ilegalidad y la realización de las declaraciones de Sánchez era suficientemente íntima para justificar la supresión de las declaraciones como fruto de la ilegalidad”, escribió Lang.

Los fiscales podrían tratar de apelar el fallo del juez.

Carrie Kimball, una portavoz de la oficina del fiscal del distrito, dijo que los fiscales están revisando la decisión del juez.

Durante una audiencia de estado en el caso, a los fiscales se les dio un plazo hasta el próximo mes para tomar una decisión sobre cómo procederán.

Sánchez y Augusta fueron liberados bajo fianza.