OEA continúa cerco contra Nicolás Maduro

Soldados y paramilitares vinculados al chavismo asesinaron al menos 131 venezolanos en las protestas del 2014 y el 2017, y cerca de 8,300 ejecuciones extrajudiciales han sido documentadas, develó un informe de la OEA al concluir que hay suficientes pruebas para investigar al régimen de Nicolás Maduro por cometer crímenes de lesa humanidad.

El informe, que también devela más de 12,000 detenciones arbitrarias e identifica más de 1,300 presos políticos, recomienda al Secretario General de la Organización de Estados Américanos, Luis Almagro, activar los mecanismos de los Estatutos de Roma para solicitarle a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el régimen de Maduro.

“El Informe identifica a 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos [organizaciones paramilitares del régimen]”, señala una reseña del documento.

“Las tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con la intención de matar, evidenciado por el punto en que se propinó el golpe mortal (órganos vitales, en particular, disparos a la cabeza y el cuello); el uso de municiones, tanto modificadas como vivas, y la corta distancia a la que se perpetraron esos actos”, resaltó.

Adicionalmente, el informe resalta que se han registrado más de 8,292 ejecuciones extrajudiciales desde el 2015, que en muchos casos son resultado de allanamientos ilegales y violentos de viviendas realizados por los diferentes cuerpos de seguridad.

En esas operaciones, los funcionarios del régimen fingen falsos enfrentamientos para así “racionalizar las ejecuciones sumarias de las víctimas” que, por lo general, son hombres jóvenes.

“Esta cifra alarmante demuestra aún mas el carácter sistemático y generalizado del crimen de asesinato”, resaltó el informe.

Parte del material utilizado en la elaboración del informe fue proporcionado por la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y corresponde al período de 2015 a junio de 2017.