PUNTOS…Y PICAS

POR CARLOS MANUEL ESTRELLA

ADP en la picota

La controversia entre el ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) es una disputa irracional que perjudica al sistema educativo público y, sobre todo, a miles de alumnos de bajos recursos.
El gremio de profesores mantiene una lucha contra corriente luego que el ministro Andrés Navarro ejecutara la ordenanza 24-17 que reglamenta el sistema competitivo de selección de directores regionales y distritales.

Todo porque por primera vez fueron seleccionados 18 directores regionales en base a concurso de oposición, por calificación profesional y experiencia, con intervención de la sociedad civil como jurado seleccionador de ternas para la decisión final del ministro.

De esta manera se profesionaliza, transparenta y despoja del clientelismo propio del funcionariado el nombramiento de personal clave para mejor desempeño de la enseñanza pública dentro de lo que desde el gobierno se ha denominado “revolución educativa”.

El Tribunal Superior Administrativo, apoderado del recurso de amparo incoado por la ADP contra la resolución del ministro Navarro, deberá rechazar las pretensiones profesorales, porque no está en peligro ni se ha violado derecho constitucional alguno, y validar el ejercicio correcto de la autoridad.

La ADP no tiene argumento, jurídico ni moral, para desacatar en principio y pretender ahora que se deje sin efecto esta acción del ministerio de Educación que es positiva señal de cambios reales para superar malas prácticas del pasado que estimulan la parasitaria nómina vía el clientelismo.

Opinión pública y criterio del público en general coinciden que la asociación profesoral tiene las de perder este caso, queda mal parada y lesiona su imagen al colocarse de espaldas al criterio mayoritario porque defiende la continuación de vicios y malas prácticas administrativas.

A este caso no hay que darle más vueltas, el TSA debe actuar con diligencia y ratificar la legalidad de la ordenanza del ministerio de Educación.